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Propuesta de libre postulación

Posted on 8 dic. 2010

El Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea han rechazado las reformas al Código Electoral que podrían hacerlo más democrático y participativo. Se comprende que quienes se benefician de las “mieles del poder” no quieran perderlas. Pero las utilizan para negarse el falso argumento de que bajar la cuota de adherentes a la libre postulación presidencial es facilitarle las cosas a otros y dificultarlas a la partidocracia. 

La igualdad entre candidatos que nosotros reconocemos es la que exige la Constitución Política del país: que un candidato por la libre sea panameño de nacimiento, mayor de 35 años y no haya sido sancionado penalmente.

En cuanto a los adherentes, la igualdad es justamente la desigualdad. Si en las condiciones actuales para inscribir un partido se le exige el 4% de la última elección, equivale a 63 mil 500 firmas, y un partido tiene cinco años para inscribirse, es decir, 60 meses, quiere decir que un partido tendría la posibilidad de inscribir en promedio mil 58 firmas por mes.

Si a un candidato por libre postulación presidencial se le exige la misma cantidad de 63 mil 500 firmas para participar en las elecciones y solo le dan cuatro meses para inscribirse, tendría que hacer un promedio de 15 mil 875 firmas por mes, para cumplir ese requisito; unas condiciones 15 veces peores que las de un partido político con el 7% del tiempo que tiene un partido político para inscribirse.

Si se adopta la cifra del 2%, serían 31 mil 750 firmas que se exigirían a un partido que divididas en 60 meses le da apenas a 529 firmas por mes, pero a un candidato presidencial por la libre, al que sólo se le dan cuatro meses, se le obligaría a inscribir 7 mil 937 firmas por mes.

Si se adopta el criterio del 1%, tendremos que el total sería 15 mil 875 firmas; en 60 meses un partido apenas tendría que inscribir 264 firmas por mes. Pero un candidato por la libre a la Presidencia tendría que inscribir 3 mil 969 firmas por mes en esos cuatro meses.

En todas las condiciones, la supuesta igualdad de la cantidad de firmas que se pide es lo contrario de lo que se argumenta; es un obstáculo y una diferencia contra los candidatos de libre postulación, es una medida antidemocrática, y por eso la rechazamos.

Pese a que lo justo sería promediar esa cantidad de firmas por mes que tienen los partidos políticos en los cuatro meses que tiene el candidato por la libre: si se usara el criterio del 4%, el candidato debería inscribir en total en los cuatro meses 4 mil 232 firmas. Si se usa el criterio del 2%, debería inscribir 2 mil 116 firmas, y si se usa el criterio del 1%, tendría que inscribir mil 56 firmas para ser equivalentes de verdad con los partidos políticos, eso sí sería de justicia, esa sí sería la equivalencia matemática.

Nosotros, el Partido Alternativa Popular hemos hecho una propuesta que no es de las mil 56 firmas, sino el 0.5% de la última votación, lo que significa 7 mil 500 firmas, aproximadamente; esa es la propuesta democrática que defendemos ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y repudiamos los argumentos que pretenden seguir limitando la política electoral a los plutócratas. 


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Martinelli el protector de vergudos de Derechos Humanos: el caso Hurtado

Posted on 24 nov. 2010

En archivos adjuntos la denuncia penal contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, extensiva al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, también la solicitud de revocatoria del asilo concedido a María del Pilar Hurtado, ambas presentadas por el abogado Luis Guillermo Pérez, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y la Unidad de Lucha Integral del Pueblo, ante la Procuraduría General de Panamá el martes 23 de noviembre de 2010.

Los abogados Rafael Benavides y Julio Berríos, darán seguimiento al proceso en Panamá y presentarán una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se revisen los requisitos de la figura del asilo en este caso. En caso de que no se reconsidere la medida, denunciará a Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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